● Necesitamos respuestas claras y contundentes, acciones reales, no más simulación: OCNF.

● Las autoridades municipales, estatales y federales deben asumir su responsabilidad para garantizar los derechos de las mujeres bajo los más altos estándares internacionales.

Ciudad de México. En el marco del “Día Internacional de los Derechos Humanos” que se conmemora el 10 de diciembre, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) reitera los desafíos que se enfrentan en México para que los derechos de las mujeres sean garantizados; así como la gravedad de la situación que vivimos ante la violencia y discriminación, que se ven reflejados en los 2,833 asesinatos de mujeres registrados tan solo de enero a septiembre de 2019.

Hace un llamado a las autoridades municipales, estatales y nacionales, para que garanticen los derechos humanos de las mujeres y, conforme a los más altos estándares internacionales, se realicen acciones y políticas públicas que contrarresten la discriminación, la brecha de desigualdad y los delitos de género que atentan contra su vida e integridad física, como la violencia sexual, la trata de personas, la desaparición y el feminicidio. Como red ciudadana, conformada por 43 organizaciones, ubicadas en 23 diversos estados de la República, desde hace 12 años hemos documentado las graves violaciones a los derechos de las mujeres y los feminicidios; impulsado legislación y políticas públicas como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la tipificación del delito de feminicidio; sin embargo, a partir del acompañamiento integral a los casos de violencia feminicida, identificamos los enormes retos que vivimos las mujeres para poder estar seguras, libres y sin miedo.

Los delitos de género que hoy prevalecen en cada rincón de nuestro país, responden a una cultura machista y patriarcal, a pensamientos fundamentalistas, pero se fomentan con la impunidad, la inacción y la falta de perspectiva de género en las y los operadores de justicia. Se fomenta también cuando se revictimiza a las mujeres y debido a que no se han generado las condiciones para una transformación de fondo, pues lamentablemente los derechos de las mujeres solo se reconocen en tiempos de campaña y no como una prioridad de Estado.

Como defensoras de los derechos de las mujeres, vemos que -cada vez más- las violaciones a los derechos humanos de las mujeres rebasan el ámbito familiar para ser cometidas por actores criminales, que no tienen ninguna consideración al acabar con la vida de las mujeres. Sin ninguna duda, podemos decir que las autoridades de todos los niveles de gobierno, tienen una deuda pendiente con las mujeres, niñas y adolescentes de México y que su actuar es determinante para acabar con la ola de violencia que arrebata la vida de al menos 10 mujeres al día. Contrario a ello, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), responsable de “alcanzar la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres y propiciar un cambio cultural respetuoso de los derechos de las mujeres”; así como de “prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y niñas, y garantizarles acceso a una justicia efectiva”, en lugar de cumplir la misión para la cual fue creada, no está mejorando la coordinación con los gobiernos estatales y municipales con el Gobierno Federal; tampoco genera los espacios de diálogo para el involucramiento de la sociedad civil ante esta problemática tan grave.

Lejos de que se necesite modificar la Ley -de entradase necesita una metodología clara de acción de esta dependencia a corto, mediano y largo plazo. Frente a ello, hoy reiteramos el llamado a las autoridades mexicanas a:

-Cumplir con las recomendaciones internacionales en materia de derechos de las mujeres como las Observaciones finales sobre el sexto informe periódico de México ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU para la supervisión de la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) que se hicieron públicas el pasado 7 de noviembre; las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (“CEDAW” por sus siglas en inglés) emitidas en julio de 2018 y las 262 recomendaciones emitidas a México en el marco de la Tercera Evaluación del Mecanismo del Exámen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos realizada en 2018, las cuales fueron aceptadas por este nuevo gobierno en marzo de 2019.

-Es necesario que el Gobierno Federal construya un plan integral que verdaderamente atienda la problemática que enfrentamos las mujeres en México, teniendo como eje rector la atención de lo urgente y la prevención de los delitos de género, adecuando dichas acciones a los contextos rurales y urbanos. -A los Gobiernos estatales y municipales hacemos un llamado para que las acciones que emprendan dejen de ser acciones superficiales y atiendan las problemáticas de raíz que se enfrentan en los estados y municipios, coordinándose con la Federación para garantizar resultados prontos y efectivos. -Al Poder Judicial reiteramos la urgente necesidad de que se juzgue con perspectiva de género, sin revictimizar a las víctimas y sin reproducir estereotipos de género que discriminan y responsabilizan a las víctimas de los delitos que son cometidos en su contra.

-Al Poder Legislativo, es necesario que las modificaciones sean tendientes a fortalecer los marcos legales existentes, esclareciendo los vacíos que dan pie a la interpretación y por ende a la omisión de las autoridades como CONAVIM. Ante el contexto es urgente pasar de las disculpas públicas a las sanciones administrativas y penales contra las y los funcionarios públicos que por acción u omisión violenten los derechos de las mujeres.

Es intolerable la persistencia de la ventilación y filtración de la información que vulnera y ejerce violencia institucional contra mujeres, niñas y adolescentes. Como ciudadanía es necesario que continuemos ejerciendo un papel activo, en donde prevalezca la acción sobre la observación; eliminemos las acciones que reproducen el machismo y continuemos exigiendo a las autoridades la garantía de los derechos humanos de las mujeres. Atentamente, Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).