Piden al Congreso garantizar el acceso de las mujeres a la ILE de manera segura.

Sergio Ferrer

Organizaciones de la Sociedad Civil urgieron a la Secretaría de Gobernación federal a que declare la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Agravio Comparado, lo anterior, a un año de que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) notificara a los titulares de los poderes Ejecutivo, Legislativo y la Fiscalía de Guerrero, las recomendaciones emitidas en un informe que evidenció la situación de discriminación y violencia en contra las mujeres y la falta de acceso a servicios especializados de salud que incluyen la interrupción legal del embarazo.

En el marco del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, en conferencia virtual, activistas y defensoras de derechos humanos señalaron que las organizaciones peticionarias; Justicia, Derechos Humanos y Género, A.C. y el Observatorio Ciudadano de las Violencias contra las Mujeres en Guerrero (OBVIO), con el acompañamiento del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y Católicas por el Derecho a Decidir A.C., desconocen si la CONAVIM ha solicitado al gobierno del estado información sobre la implementación de las recomendaciones durante el plazo de seis meses establecido en el Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Asimismo, se desconoce si esta información ya ha sido presentada por las autoridades estatales y si fue remitida al Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM) para la realización del dictamen sobre la implementación de las recomendaciones emitidas en el Informe de la Alerta de Género.

En la conferencia tomaron la palabra Emma Cerón y Viridiana Gutiérrez de OBVIO, Marina Reina, Aguilar, defensora integrante del Sistema integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, Rodolfo Domínguez de Justicia, Derechos Humanos y Género y del OCNF así como Atziri Ávila también del OCNF.

A decir de las activistas, el incumplimiento de las recomendaciones por parte del estado ha generado que persista un contexto grave de violencia feminicida en Guerrero. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero de 2019 a abril del 2020 se registraron en la entidad 312 casos de violación, 389 casos de abuso sexual y 11 denuncias por aborto.

Un caso paradigmático que evidencia este contexto de violencia es el caso de Esmeralda, una niña de 14 años de edad con discapacidad intelectual, que quedó embarazada después de haber sido víctima de violación sexual. A pesar de que el embarazo ponía en riesgo la vida de Esmeralda, no se le realizó una interrupción legal del embarazo (ILE). La hija de Esmeralda murió al nacer por un choque séptico, sepsis neonatal y de neumonía. Hace un mes, tras realizar una visita de seguimiento, el personal de salud pudo constatar que la hermana menor de Esmeralda, quien también tiene discapacidad cognitiva, es victima de violación.

Viridiana Sotelo agregó que aunque le solicitaron apoyo a la Procuraduría del menor y al Instituto Municipal de las Mujeres en Acapulco, no se les ha respetado el protocolo de atención a víctimas con el pretexto de la pandemia Covid19, por lo que llamó al gobernador Héctor Astudillo y a la Secretaría de Salud, atender a las menores de 18 años de una manera integral e inmediata.

Reina Aguilar señaló que el Sistema se integra por 8 comisiones, una de ellas se enfoca a la Alerta de violencia de género, donde supuestamente se tendría que estar dando seguimiento a los dos mecanismos, el proceso de la alerta ya declarada y de la solicitud del año pasado pero hay lentitud.

Agregó que en diciembre se realizó la última sesión del Sistema estatal donde activistas demandaron la importancia de generar una sesión extraordinaria para conocer el estatus que guardaba cada instancia, aunque esto no se desarrolló. En cuanto a la sesión del grupo enfocado en la Alerta, no fue convocada a tiempo por lo que criticó que no haya transparencia en las acciones del estado además de la lentitud del grupo interinstitucional y multidisciplinario que no muestra avance sustantivo.

Que los diputados y diputadas locales legislen para garantizar la Interrupción Legal del Embarazo en Guerrero.

Viridiana Sotelo señaló en relación a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) de una manera segura para las mujeres, que no se aplica la homologación de la NOM-046 por un candado legislativo presente en el artículo 159 del Código penal local y en el artículo 10 bis de la Ley General de Salud. Aunque recordó que diputados de Morena, incluido Arturo Martínez Nuñez, lanzaron la iniciativa en marzo, aún no hay fecha para su discusión por lo cual llamó a diputados y diputadas de Guerrero a iniciar el proceso de discusión de la iniciativa preponderando el principio pro persona, así como el marco internacional que exige garantías para que mujeres y niñas no tengan obstáculo al solicitar interrumpir su embarazo.

Aunado a la falta de las adecuaciones legislativas, funcionarios de diversas dependencias como es salud o la fiscalía, no están enterados de las recomendaciones del Informe por lo que recordó que realizaron una campaña para las instancias responsables de acatarlas. La activista dio a conocer que la Fiscalía tiene 14 carpetas de investigación iniciadas a mujeres por el delito de aborto.

En su participación, Rodolfo Dominguez criticó el retardo con el que autoridades locales y federales actúan para garantizar la vida y seguridad de las mujeres, recriminó que las víctimas no son tratadas como víctimas careciendo las instituciones de conexión interinstitucional y conocimiento de las recomendaciones. Aseveró que no descansarán y agotarán todos los recursos disponibles hasta las últimas consecuencias para que se garantice a las mujeres su vida y su seguridad.


Guerrero no ha proporcionado datos oficiales corroborables respecto a la situación de violencia feminicida.

-En junio de 2017 se hizo la primer declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra la Mujer para 8 municipios de Guerrero, entre éstos, Acapulco, Ayutla de los Libres, Chilpancingo, Coyuca de Catalán, Iguala, Ometepec y Tlapa. Organizaciones y defensoras han y continúan documentando casos de violencia en contra de las mujeres además de que las leyes locales continúan siendo un obstáculo para garantizar el pleno derecho a la salud.

-El sector salud aún pide aval del MP a las mujeres que desean interrumpir legalmente su embarazo, además de que no cuentan con los medicamentos necesarios.

-No hay seguimiento de las alertas, persiste una simulación del estado. Hoy las mujeres están viviendo más violencia en la pandemia.