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Parlamento

Diputadas y diputados de todos los grupos parlamentarios presentan 59 iniciativas de reforma

CDMX. 18 de abril de 2020

  • Destaca la propuesta de la diputada Laura Rojas para que la Cámara de Diputados pueda sesionar a distancia
  • Mario Delgado planteó un nuevo diseño de contrataciones para compra de bienes y prestación de servicios

Diputados de Morena, PAN, PRI, PT, MC, Encuentro Social, PVEM y PRD presentaron 59 iniciativas para reformar diversos ordenamientos legales. Las propuestas y su turno correspondiente, están publicadas en la Gaceta Parlamentaria y pueden consultarse en http://gaceta.diputados.gob.mx/.

Iniciativas propuestas por Morena

El coordinador de esa bancada, Mario Delgado Carrillo, planteó un nuevo diseño de contrataciones para la compra de bienes y prestación servicios. Entre las demás reformas están reducir el financiamiento de los partidos políticos; que los partidos y organismos públicos de la Federación observen de forma permanente la austeridad republicana; incluir a los periodistas en el deber de guardar secreto; que sea viable realizar sesiones plenarias de la Cámara de Diputados de forma virtual; que haya acceso gratuito a los anticonceptivos; establecer ingreso universal a los ciudadanos; promover los libros electrónicos.

También propusieron la posibilidad de contratar obras públicas sin licitación; instaurar que los delitos de corrupción cometidos por servidores públicos sean imprescriptibles; cambios en materia de matrimonio; tratar síndromes de sensibilidad central; sancionar a quien agreda a personal del Sistema Nacional de Salud; donar de forma parcial o total la dieta de las y los diputados; que los créditos hipotecarios sean otorgados en pesos y con tasa fija; asumir costos sobre el daño al ambiente y derechos de las madres en periodo de lactancia.

Reformas formuladas por el PAN

El grupo parlamentario del PAN presentó diversas iniciativas para modificar distintos ordenamientos legales. Destaca la propuesta de la diputada Laura Angélica Rojas Hernández (PAN) que reforma y adiciona disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados, con fin de hacer posibles las sesiones a distancia, estableciendo los procesos y mecanismos para que se desarrollen de manera eficaz y segura, otorgando la certeza jurídica que ameritan los actos de esta Soberanía.

Las y los legisladores también plantearon cambios materia de uso de prerrogativas de partidos políticos; proteger a usuarios y concesionarios de telefonía móvil; que la obligación alimentaria sea medida de protección de emergencia; reducir Impuesto Sobre la Renta por la crisis provocada por el COVID-19.

Iniciativas del PRI

El grupo parlamentario del PRI planteó reformas entre las que promueve que el Congreso, el Poder Judicial y órganos autónomos puedan sesionar de manera remota; atención médica a domicilio para pacientes de la tercera edad; prevenir la violencia e incrementar atención para niñas, adolescentes y mujeres; fortalecer atención a alumnos con aptitudes sobresalientes; que los planes de estudio contemplen la salud mental.

Propuestas del PT

Las y los diputados del PT presentaron iniciativas para expedir la Ley General de Aguas; perfeccionar mecanismos de participación ciudadana y democracia directa; crear el “recreo protegido” para los estudiantes; integrar al Código Penal Federal los Delitos Contra la dignidad de las personas en estado de inconciencia; facultades declarar epidemias o enfermedades graves; incluir a la Fepade al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción; que el acta de nacimiento tenga vigencia permanente; incluir educación musical en planes de estudio de nivel básico.

Iniciativas de MC

Diputadas y diputados de Movimiento Ciudadano presentaron reformas legales para Sancionar al patrón que cometa acoso laboral; prevenir y tratar la insuficiencia venosa crónica; evitar actos de discriminación por antecedentes epidemiológicos, así como fijar estímulos fiscales para proyectos de tecnologías verdes.

Reformas planteadas por Encuentro Social

El grupo parlamentario Encuentro Social propuso modificaciones legales para promover la investigación sobre la preservación de ecosistemas; expedir la Ley de Fomento a la Cafeticultura e Industria del Café; aprovechar de manera sustentable los recursos naturales; que los montos destinados al cuidado de animales guías sean deducibles; incorporar a animales domésticos, silvestres y de servicio o guías a Ley Federal de Sanidad Animal.

También promueven iniciativas para reformar a la Ley de la Industria Eléctrica; que los gastos de hospedaje no sean deducibles de impuestos; posibilitar al IFT y a la Cofece para plantear acciones de inconstitucionalidad; hacer llegar el arte y la cultura a todos los sectores de la población, y financiar proyectos que incentiven las actividades culturales.

Propuestas del PVEM

Del PVEM, se presentaron diversas iniciativas para incorporar en la ley el trabajo a distancia; que los trabajadores puedan acceder a recursos de su subcuenta de retiro; prohibir el traslado de animales enfermos; permitir uso ingresos excedentes para atender riesgos para la población en temas económicos, de salud o de necesidades sociales.

Reformas legales presentadas por el PRD

El PRD presentó diversas iniciativas, con el fin de acotar los requisitos para ser diputado, senador o presidente de la República; establecer estrategias de atención, tratamiento y rehabilitación integral para niñas, niños y adolescentes que hayan sufrido maltrato, así como para expedir la Ley General de Aguas.


Se suma la diputada presidenta de la Cámara de Diputados al paro nacional #El9NingunaSeMueve

  • La Cámara de Diputados trabaja por las mujeres y las niñas

La diputada Laura Angélica Rojas Hernández, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, anunció que el próximo lunes se sumará al paro nacional #El9NingunaSeMueve.

Consideró importante atender este llamado para visibilizar cómo sería México sin la mitad de su población, y en particular, la Cámara de Diputados sin las trabajadoras y diputadas.

Indicó que los distintos tipos de violencia, como psicoemocional, física, económica, institucional, laboral, acoso sexual y hostigamiento, laceran, ofenden, denigran y atentan contra la integridad emocional y física de las mujeres y las niñas.

Reiteró que las mujeres en México “estamos dolidas, hartas, desesperadas y furiosas”, y esto crece con cada caso de feminicidios como los de Abril Pérez, Ingrid Escamilla y Fátima, entre otros tantos, además de las miles de desaparecidas, violadas y maltratadas.

Por lo anterior, enfatizó, quienes tenemos el privilegio de servir en un cargo público debemos ser sensibles, receptivos a la crítica y acelerar el paso para generar soluciones y resultados.

La Cámara de Diputados trabaja por las mujeres y las niñas

Rojas Hernández destacó que la Cámara de Diputados –a través de un grupo conformado con 12 integrantes de las comisiones de Justicia, Igualdad de Género y Puntos Constitucionales– trabaja con la Fiscalía General de la República para homologar en todo el país el tipo penal de feminicidio. “No sólo hay que fortalecer el tipo penal, sino apostar a una política integral, eficaz y pronta, para prevenir los feminicidios”.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en 2018 se registraron 3 mil 752 homicidios de mujeres, que es la cifra más alta en los últimos 29 años, lo que en promedio significa la muerte de 10 mujeres diariamente por agresiones intencionales, dato que también reporta el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Asimismo, la Cámara de Diputados acordó declarar a marzo como el mes de las mujeres y de las niñas, como parte de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer –8 de marzo–.

En este mes, a través de diversas actividades, se reflexionará sobre los derechos de las mujeres y de las niñas, como la realización de un foro nacional en materia de feminicidios con los congresos locales y las fiscalías de las entidades federativas, y otro, sobre derechos humanos de las mujeres y las niñas.

Agregó que para prevenir, investigar y, en su caso, sancionar, la Cámara de Diputados aprobó y publicó en la Gaceta Parlamentaria del lunes 24 de febrero pasado los Lineamientos para Prevenir y Atender el Acoso Sexual y Laboral en la institución, con lo que se busca un entorno laboral respetuoso y libre de violencias.

La presidenta de la Cámara de Diputados hizo un llamado para que, en auténtica unidad, trabajemos en la construcción de una sociedad igualitaria. “La vida de nuestras mujeres y de nuestras niñas es una causa urgente y digna de ser acompañada”, dijo.


Necesaria; reforma fiscal para financiar los nuevos derechos sociales: Mario Delgado

Diputado federal Mario Delgado
  • Inauguró el parlamento abierto “Análisis sobre incorporación constitucional de garantías y derechos en materia de bienestar”
  • El acto fue organizado por las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, y la de Salud

El diputado Mario Delgado Carrillo, presidente de la Junta de Coordinación Política, se pronunció por lograr un sistema de seguridad social que beneficie a adultos mayores y jóvenes en un país en donde más de la mitad de la población no tiene acceso a esta prerrogativa.

Informó que hay cuatro millones de estudiantes ya becados, por lo que garantizará el derecho de becas para hacer efectivo el derecho a la educación. “Tenemos al año un millón de jóvenes que abandonan la primaria y la secundaria principalmente por razones económicas”. Cómo no poder tener la audacia de plantear ya en la Constitución un sistema de salud universal de calidad para toda la población”.

Al inaugurar el parlamento abierto “Análisis sobre incorporación constitucional de garantías y derechos en materia de bienestar”, organizado por las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, y la de Salud, aseguró que es necesario hacer una reforma fiscal para obtener mayores recursos en el futuro.

“Sí se tiene que hacer una reforma fiscal para tener más recursos en el futuro, ya no va a ser para financiar burocracias doradas o para el despilfarro de la corrupción, sino para financiar los nuevos derechos sociales que se aprobarán en esta Constitución”, subrayó.

Explicó que la visión de esta reforma es convertir en un derecho social la pensión no contributiva para todos los adultos mayores de este país.

“Es la política social más ambiciosa desde la construcción de las instituciones de seguridad social a principios de los años cuarenta, porque es una pensión universal, para todos en un país que más de la mitad de la población no tiene acceso a la seguridad social”, destacó.

La presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, Aleida Alavez Ruiz (Morena), dijo que se está ante la oportunidad de consagrar en la Carta Magna el legado de igualdad que México necesita y de plasmar en la Constitución la garantía de derechos sociales para adultos mayores, personas con discapacidad, estudiantes en pobreza y acceso universal a servicios médicos para quienes no tienen seguridad social.

Durante el 2 y 3 de marzo se analizará el impacto constitucional en materia de derechos humanos. “Serán dos días muy productivos que permitirán que el próximo miércoles los legisladores demos una discusión muy rica y productiva para elaborar un dictamen acorde a las necesidades del pueblo”.

Afirmó que se solventa una deuda con los derechos de los mexicanos y recordó que, a 40 años de la firma de la Convención Americana, “apenas hoy se inicia la ruta para establecer en la Constitución el mandato al acuerdo internacional”.

La presidenta de la Comisión de Salud, Miroslava Sánchez Galván (Morena), destacó la importancia de analizar la propuesta de reforma al artículo 4° en materia de derechos sociales, que busca garantizar el acceso a beneficios económico-sociales en segmentos menos favorecidos, con total y absoluto respeto a la dignidad.

“El tema es amplio y toral para quienes tenemos el compromiso con el bienestar de los menos favorecidos. La intención es tener los elementos suficientes para dictaminar con debida responsabilidad la reforma”.

Por parte de Morena, la diputada Dolores Padierna Luna explicó que al considerar esta reforma como un criterio universal “se dejan en el bote de la basura” los lastres de la falsa política que ya no se quiere ver. “Será creciente, progresivo e incluyente e irá avanzando hasta alcanzar la universalidad”, subrayó.

Su correligionaria, la presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas, Irma Juan Carlos, celebró esta iniciativa de elevar a rango constitucional estos apoyos porque las comunidades autóctonas no pueden seguir dependiendo “de la buena fe de los gobiernos que van y regresan”. Pidió conocer cuál sería el monto que se daría a este sector vulnerable.

El diputado Éctor Jaime Ramírez Barba (PAN) señaló que el objetivo del parlamento abierto es que las y los legisladores escuchen a los expertos para que los puedan orientar en su labor parlamentaria.  “México ocupa una fortaleza de unión, y en el caso de la salud nos debe de unir a todos, a los ciudadanos, a los políticos y a los funcionarios”, concluyó.

La diputada Dulce María Sauri Riancho (PRI) dijo que el bienestar social está en el centro de las políticas públicas. Preguntó si es en la Constitución en donde se tienen que establecer programas sociales específicos para atender determinados derechos y cuántas personas son las que resultarían beneficiadas. “No podemos darnos el lujo de crear expectativas si no tenemos clara la situación”, señaló.

Del PRI, la diputada Martha Hortencia Garay Cadena, presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, consideró que es una política asistencial que no exime al Estado de brindar respuestas institucionales para garantizar los derechos de esta población.  “Sigue pendiente la firma de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que va más allá de lo económico”.

El coordinador del Partido del Trabajo, diputado Reginaldo Sandoval Flores, dijo que el principal problema es la desigualdad, “la brecha de los que tienen y de los que no, es abismal”, apuntó. Sostuvo que deben quedar en la Carta Magna las garantías y derechos en materia de bienestar e impulsar una Constitución garantista.

La diputada Martha Tagle Martínez (MC) puntualizó que se deben incorporar los derechos sociales de las personas con la máxima garantía para que puedan ejercerlos. “Movimiento Ciudadano se complace por este parlamento abierto y esperamos que sea un ejercicio real de escucha para incorporar las diferentes visiones”.

De Encuentro Social, el diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz consideró que la modificación de la Carta Magna marcará una nueva etapa en el proceso de cambios constitucionales y permitirá que muchos se beneficien. “Sin duda este parlamento abierto permitirá hacer una reforma que rompa con paradigmas y permita que los derechos sociales sean una realidad”.

En su participación, la coordinadora del PRD, diputada Verónica Juárez Piña, mencionó que es necesario debatir sí es en la Constitución en donde debe establecerse la dotación de recursos para ciertos programas de manera particular. Tienen que existir prioridades a favor de terminar con las brechas entre los que menos y más tienen. “Debemos de tener mucha claridad con lo que va a ocurrir, y lo sustancial, los recursos, y de qué manera se van a garantizar, porque estamos hablando de miles de millones de pesos”.

Ariadna Montiel Reyes, subsecretaria de Bienestar, aseguró que, aun con pensiones, las personas adultas mayores sufren vidas complejas, y que la mitad de las personas con discapacidad viven en pobreza, por lo que de otorgarse el derecho universal de esta pensión se lograría un gran beneficio y se priorizaría a niñas y niños con alguna complicación motriz.

        “Imaginen las brechas de desigualdad para una niña indígena con discapacidad, por eso los programas deben tener un piso de universalidad, debemos sensibilizar de que lo que hoy se discute es un derecho, no una concesión graciosa de un gobierno durante un tiempo; debe de quedar ahí”.

Enfatizó que los adultos mayores requieren tener esta pensión consagrada en la Constitución, especialmente porque pasaron su vida trabajando en la construcción de nuestro país y en la actualidad solo se entrega a ocho millones.

Araceli Damián González, directora general del Consejo de Evaluación del Desarrollo de la Ciudad de México, señaló que la iniciativa que se analiza crea una antinomia frente al espíritu de los artículos 1 y 4 constitucionales, pues el Estado no puede garantizar que tengan una forma segura para sobrevivir y el término de pobreza no puede ser criterio para otorgar derechos; por ello, propuso que los apoyos dirigidos a este sector estén regidos por la progresividad y, en todo caso, plantear el derecho humano al ingreso universal.

Pablo Yanes Rizo, coordinador de Investigaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), aseguró que la universalización de los programas sociales es el antídoto del clientelismo. Sin embargo, señaló que esta reforma es compleja de poner en operatividad; además, hay una brecha que se tiene que cerrar, como en el caso de la población indígena. Lamentó que no se establezca un umbral económico mínimo para los apoyos.


Foto: Tlachinollan

La erradicación de la pobreza y la inseguridad alimentaria requieren transformaciones: CEDRSSA

  • Imprescindible implementar estrategias que promuevan el desarrollo de toda la población
  • Alrededor del 70 por ciento de los alimentos que consumen las familias mexicanas provienen de cuatro sitios

El Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA) de la Cámara de Diputados destaca que la erradicación de la pobreza y la inseguridad alimentaria requieren de transformaciones en las relaciones de los ámbitos rural-urbano.

La visión incompleta del vínculo urbano y la realidad rural se traduce en marcos legales y diseño de políticas públicas sectoriales que no se articulan en el territorio. Su fragmentación ocasiona que haya, al menos, 54 leyes que regulan la vida rural.

En el documento “El sistema alimentario en México. Oportunidades para el campo mexicano en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible FAO”, considera imprescindible emprender estrategias que promuevan el desarrollo de toda la población, con especial atención al desarrollo de los niños, la población indígena y los adultos mayores.

Menciona que el enfoque del sistema alimentario permite identificar causas y soluciones a la pobreza y la malnutrición, además de que hace explícito que las áreas rurales o semirurales son las productoras, mientras que las ciudades pequeñas o grandes se vuelven las consumidoras.

Indica que el instrumento más relevante es la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, cuyo propósito radica en coordinar los distintos organismos que operan en las zonas rurales, reducir duplicidades, dar consistencia a las intervenciones y crear sinergias entre instancias públicas y privadas.

El Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria resalta que las áreas rurales son las grandes productoras de alimentos, mientras que las ciudades, sean pequeñas o grandes, se convierten en las principales consumidoras.

Se estima que alrededor del 70 por ciento de los alimentos que consumen las familias mexicanas provienen de cuatro sitios principales: mercados, tiendas de abarrotes, tiendas especializadas y supermercados.

En el centro del país las tiendas especializadas son más relevantes, mientras que en el sur y en el oriente los mercados abiertos tienen mayor relevancia, en tanto que en el norte los supermercados son quienes dominan.

La transformación de las áreas rurales en los últimos años ha favorecido el vínculo de sus habitantes con actividades de mayor valor agregado. En ese sentido, la industria -en particular la agroindustria- y los servicios han cobrado cada vez más relevancia como fuentes de empleo y de ingresos en las áreas rurales.

“Tanto en las áreas rurales como urbanas se observa la transición alimentaria y nutricional, que acompañada por la migración interna, impulsa la existencia y demanda de alimentos como carnes, lácteos, y productos procesados, y reduce paulatinamente la participación del consumo de alimentos, tales como cereales, leguminosas y verduras”, añade.

Subraya que el enfoque de sistemas alimentarios permite resaltar la participación de las mujeres en el ámbito productivo y laboral rural; sin embargo, las jefas de hogar en las zonas rurales son quienes reciben menos ingresos y son altamente dependientes de las trasferencias públicas, lo que las hace más vulnerables a la falta de empleo formal y activos productivos.


Regular a favor de la competencia es necesario para disminuir la desigualdad en el país

  • El poder de mercado puede representar un “impuesto” de hasta el 30 por ciento a los hogares más pobres 
  • Los mexicanos han tenido que pagar sobreprecio de diversos productos básicos cuando las empresas tienen poder de mercado 

8 de enero de 2020. El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, manifestó que los aumentos de precios a algunos productos en días recientes, no pueden ser atribuidos de manera directa a los ajustes a las tasas de impuestos, aprobados por el Poder Legislativo en el marco del Paquete Económico 2020, sino que es necesario revisar las implicaciones del poder de mercado de las empresas.

En este sentido, el legislador recordó que este poder de mercado se define como la capacidad que tiene una empresa para aumentar los precios, de manera rentable, por encima de cierto nivel competitivo. Por lo anterior, apuntó que algunas de ellas pueden subir sus costos y retener a clientes debido a que tienen pocos o ningún competidor, pero esta práctica representa una afectación a la competitividad en el país.  

Asimismo, destacó que el “Estudio del impacto que tiene el poder de mercado en el bienestar de los hogares mexicanos”, realizado para la Comisión Federal de Competencia Económica, menciona que el poder de mercado de las empresas ha representado el pago de un sobreprecio promedio de 98.2 por ciento.

Ramírez Cuéllar señaló que el estudio especifica que los sobreprecios se han reflejado en productos como pan, tortilla, huevo, carnes procesadas y de res, frutas, lácteos, transporte y medicinas. No obstante, reconoció que los precios altos pueden ser resultado de múltiples factores, no solamente del ejercicio de poder de mercado. 

Cabe mencionar que para el presente año se han manejado aumentos del 30 por ciento en costos en alimentos y productos básicos, en particular de 1 a 3 pesos para la leche y de 2 pesos para el pan. 

“El poder de mercado funciona como un impuesto regresivo a estos bienes y una pérdida de bienestar en los hogares mexicanos; de corregirse esta situación, las familias observarían un aumento en la capacidad adquisitiva de sus salarios de 15 por ciento y en el caso de los hogares más pobres pudiera llegar al 30 por ciento. De esta forma, la falta de competencia incrementa la desigualdad en nuestro país”, aseveró Ramírez Cuéllar.

Cabe recordar que para este año el salario mínimo obtuvo un aumento del 20 por ciento, sin embargo, por la falta de competencia en ciertos mercados y poder de mercado de algunos agentes, los efectos de este incremento se pueden ver minimizados. 

Finalmente, el diputado reiteró su compromiso, como legislador, para velar por los intereses de los mexicanos e hizo un llamado a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a fin de fortalecer la regulación a favor de la competencia.


Propone la diputada Almaguer Pardo tipificar el acoso sexual en espacios públicos

Diputada María Almaguer Pardo
  • Urge garantizar la integridad física y psicológica de las afectadas, señala
  • Cuando se realice en menores de edad, se busca imponer una pena de uno a tres años de prisión inconmutables

Con el objetivo de castigar el acoso sexual en espacios públicos, la diputada María Guadalupe Almaguer Pardo (PRD) propuso adicionar un artículo 259 Ter al Código Penal Federal, y así visibilizar una de las manifestaciones con mayor violencia en la sociedad y que deja a las mujeres en indefensión e impotencia por falta de elementos de denuncia cuando es agredida.

Se busca incluir la definición del delito, su penalidad y agravantes, ya que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), tan sólo en la Ciudad de México, 96 por ciento de las mujeres encuestadas señaló haber experimentado algún tipo de violencia sexual en los espacios públicos y 58 por ciento haber recibido tocamientos que violentan su intimidad.

Propuso castigar el acoso sexual en espacios públicos con hasta 40 unidades de medida conmutables por 48 horas de capacitación del presunto agresor en dependencias públicas o privadas dedicadas a la prevención de cualquier tipo de violencia, a fin de asumir la responsabilidad de sus actos, comprendiendo la gravedad del daño provocado.

Además, sugirió que cuando este delito sea realizado en personas menores de edad o con alguna discapacidad física o mental, se imponga una pena de uno a tres años de prisión inconmutables.

También consideró necesario que el acto de acoso sexual en espacios públicos sea definido en el Código Penal Federal y en el artículo 16 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y en el artículo 17 de la misma ley se reconozca la sanción penal de dicho agravio.

El acoso sexual en los espacios públicos será: aquellas conductas que, sin llegar a la agresión física, generan hostigamiento, intimidación y/o un ambiente hostil, como piropos, comentarios sexuales, silbidos, bocinazos, jadeos, y otros ruidos; gestos obscenos; arrinconamiento; masturbación con o sin eyaculación y exhibicionismo que limiten el tránsito y recreación en los espacios públicos de las personas en contra de las que son cometidas.

Es necesario implantar las medidas adecuadas que hagan frente a la violencia contra las mujeres en espacios públicos para garantizar la integridad física y psicológica de las afectadas, destacó la legisladora.

El Diagnóstico sobre Violencia de Género en el Transporte Público, realizado por El Colegio de México, advierte que el 93 por ciento de las mexicanas han recibido miradas lascivas al transitar por espacios públicos; 50 por ciento ha sido tocada en las calles por lo menos una vez; 69 por ciento ha padecido acercamientos indeseados y 39 por ciento ha sufrido persecuciones.

Otros estudios, como el de Panorama de Violencia contra las Mujeres en México (Inegi, 2013) arrojan cifras alarmantes, pues 86.5 por ciento de las encuestadas refieren haber sido objeto de intimidación en los espacios públicos, específicamente comunitarios; 38.3 por ciento ha sufrido abuso sexual y 8.7, agresiones físicas.

Almaguer Pardo expuso que el acoso sexual en espacios públicos no constituye un delito en el Código Penal Federal, aunque es una forma de violencia conforme al artículo 4 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Es importante, dijo, impulsar estas reformas para que se establezca la tipificación, a efecto de erradicar este tipo de violencia, dado que ya representa un conjunto de prácticas normalizadas en la sociedad.


Las poblaciones callejeras son invisibles ante la autoridad y la sociedad: Villavicencio Ayala

  • Alrededor de 15 millones de mexicanos viven en la indigencia; garantizar sus derechos humanos, una prioridad
  • A todo individuo que nazca en México debe darse acta de nacimiento: Rafael Ruiz Lustre

Durante la instalación de la mesa de trabajo: “Inclusión y Seguridad Social a las Poblaciones Callejeras de México”, la diputada Lorena Villavicencio Ayala (Morena) afirmó que éstas “son invisibles para la autoridad y el mundo que los rodea”.

Precisó que alrededor de 15 millones de mexicanos viven en la indigencia, como poblaciones callejeras, y resaltó que “es un fenómeno global donde la discriminación actúa con toda su fuerza”. Sufren la intemperie, la calle, la violencia institucional en detenciones arbitrarias y maltratos de policías y ciudadanos, “además no tienen acceso a ningún tipo de política pública”.

La diputada, integrante de la Comisión de Justicia, subrayó que si alguien no tiene derechos en este país son los grupos humanos sin techo, simplemente por no contar con un domicilio ni documentos de identidad, quedan al margen de toda política pública dirigida a las poblaciones más vulnerables.

La discriminación por ser pobres, continuó, es el principal factor de exclusión social y violación a sus derechos humanos. La mayoría de estas personas viven en la calle porque sufrieron violencia familiar o por consumo de drogas.

 “Deberíamos pedirle al gobierno mexicano en este momento de trasformación que debería ser el promotor de una gran Convención a nivel internacional para que se reconozca a este sector y se les garantice el pleno acceso a la identidad y que el domicilio no sea un elemento para acceder a las políticas públicas”, sugirió.

La legisladora recordó que desde el año pasado se presentó una iniciativa para garantizarles el derecho a la identidad y que el domicilio no fuera un obstáculo. La propuesta ya fue dictaminada por la Comisión de Gobernación y Población, pero no ha pasado al Pleno porque no tiene suficiencia presupuestaria.

Villavicencio Ayala expresó su compromiso por pedir, por medio de un exhorto en la Comisión Permanente, que se libere esta iniciativa y que se les garantice este derecho. “Si es necesario que vayamos a tocarle la puerta a la secretaria de Gobernación, al presidente del Instituto Nacional Electoral, que nos pueda ayudar de manera muy importante, incluso, pedírselo directamente al Presidente de la República, que libere esta iniciativa, lo vamos a hacer”.

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos, diputado Hugo Rafael Ruiz Lustre (Morena) indicó que para mejorar la calidad de vida de las poblaciones callejeras es urgente que todo individuo que nazca en el país tenga acta de nacimiento.

Añadió que para ello es primordial modificar el formato de identidad y que quienes integren este sector poblacional conozcan sus derechos, pues esto evitará que sean revictimizados. “Debemos trabajar de manera homologada, los tres órdenes de gobierno y sociedades civiles, con el objetivo de garantizar el respeto a los derechos humanos”.

La Cuarta Visitadora General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Eréndira Cruzvillegas Fuentes, señaló que las personas en condición de calle no sólo carecen de acceso a los programas sociales, sino que sufren violencia sexual y trata de personas.

Subrayó que el derecho más violentado es el de la salud, porque simplemente por su aspecto no reciben atención médica, lo que vulnera lo mandatado en el artículo primero de la Constitución.

Ante este panorama, exhortó a que se respete el derecho a la identidad, “porque de lo contrario no se existe, lo cual no les permite acceder a los programas sociales”. Por ello, sugirió que no se exija el comprobante de domicilio para conseguir un documento oficial.

La directora general del Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia de la Secretaría de Bienestar, Guadalupe Landeros García,  indicó que los mexicanos que hacen de la calle su vivienda están en condiciones paupérrimas y con alta vulnerabilidad. Lamentó que a tantos años de haber firmado varios tratados relativos a los derechos de las personas, “todavía tengamos familias enteras en la calle”.

Aclaró que “en este gobierno sí pensamos en las poblaciones callejeras” y celebró que en la Cámara de Diputados se trabaje en una iniciativa que les dé identidad y “la acompañaremos porque creemos que es el principio para que las personas callejeras puedan desarrollar sus propios derechos y exigirlos”. 

Juan de Dios Orea Orea, subdirector de Investigación de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas de la Secretaría de Gobernación, dijo que la ausencia de cifras oficiales en el ámbito nacional sobre el número de individuos en esta situación significa un reto importante para que desde las instituciones se generen diagnósticos adecuados. Otro reto, añadió, consiste en la importancia de garantizarles el derecho a un registro legal. 

Consideró que esto constituye una llave de acceso a otros derechos esenciales como la salud, educación, protección e inclusión a la vida económica, cultural y política del país.

Luis Enrique Hernández y Alexia Moreno, de la Asociación Civil Caracol, solicitaron emprender reformas para que a las poblaciones callejeras se les dé acceso al derecho de la identidad, pues al no tenerlo garantizado, no hay quién asuma la responsabilidad de ser su soporte social; es decir, no hay manera de que mejoren su calidad de vida.

Las promotoras de los derechos y poblaciones callejeras, Susana González y Maité Palomera, destacaron la importancia de legislar en el derecho a la identidad, con el fin de beneficiar a niñas, niños y personas en situación de calle.

Kenya Citlaly Cuevas Fuentes, directora general de Casa de las Muñecas Tiaresias, AC, dijo que las personas en situación de calle sufren la indiferencia de la sociedad, por lo que esta propuesta representa una oportunidad para que se reinserten a la vida social y laboral. “Debemos entender que los derechos humanos no son negociables y terminar con la violencia institucional; todos somos ciudadanos de este país”.

El director general de Fundación Renacimiento, José Vallejo Flores, mencionó que la propuesta impulsada desde la Cámara de Diputados coadyuvará a mejorar la calidad de las personas en abandono social.

Mónica Berenice Martínez Jiménez, investigadora del Programa Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), pidió que las políticas públicas dirigidas a este sector sean continuas; es decir, de forma transexenal, se homologuen los procesos de registro de nacimiento y eliminen las multas y penalizaciones.

Alfonso Tambo Ceseña, hablante de la lengua cucapá.

Abrir la Cámara de Diputados a la riqueza lingüística de México es un acto de suma importancia: Dolores Padierna

  • Propone Muñoz Ledo colocar en el Muro de Honor y en letras de oro, la frase “A los pueblos indios de México”
  • En la sesión de hoy participó un hablante de la lengua cucapá

En la Sesión de hoy, la Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Dolores Padierna Luna, señaló que abrir la más alta tribuna de la nación para expresar la riqueza lingüística del país, es un acto que resalta su importancia como componente fundamental de México.

“Esta Cámara se enorgullece de haber formado parte de este ejercicio de apertura democrática. Felicidades y gracias a todos”, añadió la legisladora, al concluir la intervención de Alfonso Tambo Ceseña, hablante de la lengua cucapá.

Desde su curul, el diputado Porfirio Muñoz Ledo mencionó que durante todo el 2019, “hemos estado celebrando a los pueblos indígenas, aquí y en otras partes del mundo”.

Sugirió inscribir en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados, en letras de oro, la leyenda “A los pueblos indios de México”. Añadió que ya se incorporó la frase “Al exilio español en México”, por lo que ese antecedente debe “servirnos como guía para hacerlo también con nuestros propios pueblos”.

Intervención del hablante de la lengua cucapá

Previamente, Alfonso Tambo Ceseña, hablante de la lengua cucapá, expresó que el principal problema que vive su comunidad es la carencia de agua para consumo humano y servicios. “Nuestro poblado, en el cual la temperatura supera los 50°C cada verano, requiere de agua potable y drenaje”.

Indicó que otro grave problema radica en la renta de parcelas ejidales, provocado por la falta de programas de apoyo a la comunidad. “Requerimos de un programa integral de desarrollo territorial y de infraestructura, pues no tenemos ni siquiera una sola calle pavimentada”.

Originario del ejido Pozas de Arvizu, municipio de San Luis Río Colorado, Sonora, y gobernador tradicional, dijo que su comunidad tiene solamente un espacio para atención médica, pero sin consulta constante ni programas de prevención de enfermedades.

En su participación en tribuna de la Cámara de Diputados para conmemorar el 2019 como Año Internacional de las Lenguas Indígenas, afirmó que los cucapá de Sonora luchan por mantener la cultura tradicional y recuperar la lengua materna. “Nos queremos imaginar un futuro más próspero para nuestra etnia”.

Solicitó seguridad en la posesión de la tierra y apoyos para hacerla producir, así como soportes culturales a fin de promover ideas, creencias, danzas, juegos tradicionales, y seguir organizando el Encuentro de las Naciones Cucapá, con invitación a otras etnias hermanas.

“Queremos seguir creciendo como cucapá antes de que nuestros pocos miembros se confundan con el mestizaje entre la población en general y se pierdan nuestras costumbres y tradiciones”, afirmó.

Tambo Ceseña mencionó que la comunidad cucapá de Sonora vive en la actualidad en el ejido Pozas de Arvizu y algunas familias en la cabecera municipal de la ciudad fronteriza de San Luis Río Colorado. “Hoy, muchos cucapás trabajan como jornaleros en los campos agrícolas del Valle de San Luis”.

Añadió que “los cucapá de Sonora luchamos por mantener nuestra cultura tradicional. Los principales bailes y danzas son música para actos fúnebres y danzas para fiesta, como la que se titula El pajarito. Contamos con artesanos que elaboran collares y otras piezas de chaquira, desde la época prehispánica”, abundó.

La Ley Minera debe priorizar la consulta a las comunidades y el respeto al medio ambiente

  • La extracción de minerales debe beneficiar a la población, no sólo a las empresas

Durante la conferencia “Mega minería en México: escenarios y consecuencias”, las diputadas de Morena se pronunciaron por una legislación que priorice la consulta a las comunidades y el respeto a la naturaleza antes de autorizar una concesión.

        En el acto, realizado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, lamentaron que más de la mitad de la extracción de minerales beneficia al extranjero y la edificación de infraestructura que se realiza en las áreas explotadas a las empresas encargadas de las minas.

La diputada Beatriz Silvia Robles Gutiérrez (Morena), promotora de la conferencia, enfatizó que cuando un nuevo proyecto minero llega a una comunidad se debe consultar a ésta, y analizar profundamente beneficios y perjuicios que pueda dar a la localidad.

“Es una actividad productiva que significa un ingreso, pero éste no se queda en el país; la gente tiene la esperanza de que los legisladores escuchen y sean cercanos al pueblo mexicano al respecto”, sostuvo.

La legisladora subrayó que es importante que los recursos naturales impacten positivamente en la vida de los mexicanos, y para ello, se requiere de una legislación justa y respetuosa de las comunidades y el medio ambiente.

“Debemos actuar en favor de las mayorías y no de intereses particulares que han provocado pobreza, daño, desatención y un hartazgo de la sociedad hacia las autoridades”, apuntó.

La diputada Claudia Valeria Yáñez Centeno y Cabrera (Morena), secretaria de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, puntualizó que esta es una actividad que debe regularse, porque tiene partes positivas y negativas, pero no deben descuidarse los recursos naturales.

        Muchas veces los minerales salen por las aduanas de forma ilegal, se requiere establecer esta práctica como delito grave. Lamentó la contaminación de lagos, lagunas, ríos, incluso mar, por causas de minería. 

Durante el tema “La presencia de la mujer en la minería”, la legisladora resaltó que han sido ellas quienes le han dado un rostro diferente a una actividad que nunca más será exclusiva de hombres, y en donde tienen hasta 30 por ciento de presencia en el área operativa, debido a que son cuidadosas y organizadas.

Destacó que fue gracias a la migración de jefes de familia que las mujeres pudieron reforzar su presencia en la industria, siendo ésta altamente benéfica porque en su trabajo hay igualdad de productividad frente a sus pares masculinos, registran menos ausentismo, así como mayor responsabilidad.

La conferencista Aleida Azamar Alonso advirtió que el 70 por ciento de la inversión minera es canadiense, que las empresas exportan poco más del 50 por ciento de los minerales extraídos; además, hay más de mil 100 proyectos del rubro, la mayor parte en las zonas centro y norte de México.

Otro factor negativo es el consumo de 184 millones de metros cúbicos de agua cada año, líquido suficiente para atender el derecho humano a este recurso de 1.3 millones de personas.

“Se requiere de un registro de emisiones de cianuro en la minería, así como una futura prohibición de su uso, además incrementar la protección de trabajadores, población y medio ambiente en la ley marco”.

Enfatizó que se debe prohibir la minería en áreas naturales protegidas y reservas de la biosfera, y crear un listado de agresiones a defensores del territorio, así como a periodistas por causas relacionadas a la extracción de minerales.

Comentó que la supuesta inversión que hacen empresas en las localidades es para beneficio propio, porque crean infraestructura como carreteras para transportar minerales, así como escuelas enfocadas a carreras del rubro, y, alertó, usan las fundaciones de beneficencia para evitar el pago de impuestos.

“México tiene un gran potencial en este tema, pero se requiere de una regulación adecuada, para que no haya grandes afectaciones a la salud y la naturaleza. Se necesita una extracción sensata y no depredadora”.

En el encuentro, mineros de distintas partes del país aseguraron que padecen del intermediarismo, así como de la falta de protección y seguridad en su labor.

Pide presidenta de Cámara de Diputados luchar contra la violencia hacia las mujeres

“LXIV LEGISLATURA DE LA PARIDAD DE GÉNERO”

Ciudad de México, a 25 de noviembre de 2019.

Pide Laura Rojas convocar a gobiernos y legislaturas locales a avanzar en la lucha en contra de la violencia hacia las mujeres

  • Ejecutivo y Legislativo debemos trabajar juntos y hacer ese llamado
  • En próximos días se presentará en la Cámara de Diputados un Protocolo en contra del Acoso Sexual, informa

La Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Laura Angélica Rojas Hernández, propuso que los poderes Ejecutivo y Legislativo convoquen a los gobiernos y a las legislaturas locales a trabajar juntos en la lucha en contra de la violencia hacia las mujeres.

Al participar en la conferencia matutina en Palacio Nacional, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, planteó instalar un grupo de trabajo interinstitucional que trace la ruta para que en el próximo periodo ordinario de sesiones se aprueben las reformas necesarias y se mejoren los mecanismos para reducir significativamente la violencia hacia las mujeres en nuestro país.

“Trabajemos juntos, Ejecutivo y Legislativo, convoquemos a los gobiernos y a las legislaturas locales a hacer de este año legislativo, que termina en agosto de 2020, un año de avances notables en la lucha en contra de la violencia hacia las mujeres”, manifestó.

Subrayó que este tema no tiene color, sino que es una causa que nos une a todos y a través de la cual podemos demostrar que, a pesar de la pluralidad de visiones que existe en la sociedad y en el ámbito político, cuando hay voluntad, es posible generar acuerdos a favor del pueblo y, en este caso, a favor de las mujeres y niñas. Juntos hagamos del grito ‘ni una más’, una realidad”.

Detalló que en lo que va de la LXIV Legislatura se han presentado 85 iniciativas con el propósito de prevenir, erradicar y sancionar la violencia de género, política, obstétrica, feminicida, sexual, digital; otras para la atención de víctimas y sobre la alerta de género.

Anticipó que mañana se espera que el Pleno apruebe un dictamen de la Comisión de Igualdad de Género, el cual adiciona el tipo de violencia digital en la Ley General de Acceso de la Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Recordó que la violencia digital impacta particularmente a niñas y adolescentes, y anunció que en días próximos se presentará en la Cámara de Diputados un Protocolo en contra del Acoso Sexual.

En la agenda legislativa, abundó, también está contemplado fortalecer la legislación en materia de violencia política de género, de alertas de género, así como la aprobación de las leyes secundarias de la reforma constitucional sobre paridad.

La diputada Laura Rojas mencionó que hace apenas unos días se conmemoró el reconocimiento del voto femenino, a partir del que dio inicio el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres. “Hoy tenemos el enorme privilegio de ser actores y testigos de un momento que hace siete décadas era inimaginable: ambas Cámaras del Congreso federal están conformadas, prácticamente, de manera paritaria y son presididas por mujeres”.

Lo anterior, precisó, ha convertido a México en el cuarto país en el mundo, con mayor representación de mujeres en el parlamento. “Por eso, orgullosamente, nos hemos autodenominado la Legislatura de la Paridad. Además, contamos también con una mujer al frente de la conducción de la política interior”.

Subrayó que la igualdad es, sin duda, un logro largamente anhelado, pero la realidad sigue presentando un enorme reto: que la igualdad no sólo sea en el entorno político, sino en todos los ámbitos de la sociedad y que se acompañe de respeto, de no violencia y de paz.

El desafío, continuó, es que el acceso a más y mejores puestos de trabajo en las empresas, no implique una exposición al acoso laboral y que la igualdad salarial se concrete.

Asimismo, que las niñas y jóvenes que tienen acceso a la educación, no sufran acoso por parte de sus compañeros o profesores, ni que las mujeres que ahora tenemos más cargos y de mayor responsabilidad, suframos violencia política.

El reto, agregó, es “que nuestras casas y nuestras calles no sean los lugares donde corramos el riesgo de ser molestadas, agredidas, violadas o incluso asesinadas”.

“Aprovechemos esta circunstancia en la que la paridad es una realidad, para que no quede en una anécdota de la historia sino para hacer una diferencia”, expresó.

Emite Cámara de Diputados al Ejecutivo federal el PEF 2020

  • La Asamblea aceptó modificaciones a los artículos 11 y 33 del decreto, presentadas por la diputada Pilar Lozano McDonald (MC), y el diputado Francisco Favela (PT)

La Cámara de Diputados aprobó, en lo general y particular, el dictamen de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el Ejercicio Fiscal 2020, y lo remitió al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales.

Con 302 votos a favor, 65 en contra y una abstención, se avaló en lo particular y en términos del dictamen, los artículos reservados 4, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35; los transitorios Séptimo, Décimo Tercero y Vigésimo Tercero; y, los anexos, 1, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 28, 30, 31, 35, 36 y 37.

Además, los artículos 11 y 33 con las modificaciones aceptadas por la asamblea al dictamen.

Reservas

La Asamblea aceptó la modificación al artículo 11 del dictamen del PEF 2020, presentada por la diputada de MC, Pilar Lozano Mac Donald, con el propósito de abatir el subejercicio en el Fondo Metropolitano que duplica lo asignado en el gasto para el año próximo.

También destinar los recursos a programas de ordenamiento y obras de infraestructura que promuevan el transporte público, la movilidad motorizada eléctrica y activa como caminar, andar en bicicleta o cualquier otra forma impulsada por tracción humana.

Incluye alentar la participación y dar voz a los municipios. Modificar la estructura interna del comité técnico del Fondo que agilice la publicación de lineamientos y reglas de operación, la aprobación oportuna de los proyectos de inversión y la aplicación  expedita de los recursos.

También se aprobó la reserva presentada por el diputado Francisco Favela Peñuñuri (PT), la cual tiene como propósito modificar el último párrafo del artículo 33, a fin de establecer que el gobierno federal instituya como política pública para impulsar el ordenamiento de los mercados agrícolas, la regulación en la contratación previa de las cosechas.

Con esta medida se prevé generar un instrumento central que garantice un ingreso a los productores, por medio del impulso de la contratación de la cobertura de riesgo climático y de mercado de conformidad con los lineamientos que para tal efecto se emitan.

Por su parte, 45 diputados del grupo parlamentario del PAN, quienes no asistieron a la sesión, pidieron que sus reservas y posicionamientos sobre el dictamen del PEF 2020 se publicaran en la Gaceta Parlamentaria y se insertaran en el Diario de los Debates.

La Presidenta de la Mesa Directiva, Laura Angélica Rojas Hernández, dijo que con fundamento en el artículo 93 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se ordena que antes de que se remita el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, se realicen las correcciones que demanda el buen uso del lenguaje y la claridad del mismo, sin modificar lo aprobado por el Pleno.

Reanudará sesión la Cámara de Diputados el 20 de noviembre.

Reclaman por mayor presupuesto a los Pueblos Indígenas

4 de noviembre. Legisladores de la Cámara de Diputados, exigieron que los Pueblos Indígenas sean escuchados en el Presupuesto de Egresos de 2020, debido a que por años han sido olvidados y sus derechos humanos “hechos a un lado” de manera histórica.

Irma Juan Carlos, presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas dijó que el país vive una etapa histórica donde los pueblos originarios deben ser visibilizados, ya que en el cambio de régimen, están llamados a participar en las grandes decisiones que al país le interesan.

“Somos parte de este cambio que se está dando e impulsando. Nuestros pueblos se caracterizan por su relación con la naturaleza y tenemos una cosmovisión propia” planteó.

“La nueva relación comienza a ser una realidad con una nueva institución para que se nos vea y reconozca en nuestros derechos ya que se nos ha negado por mucho tiempo. La marginación y exclusión social debe atenderse para abatir el olvido y la pobreza, también el conocimiento se debe reconocer”, aseveró.

Indicó que los diputados tienen la responsabilidad jurídica para verter opiniones en el Presupuesto y hacer justicia a los pueblos indígenas en apego a los derechos humanos.

Fortalecerá el IFT el monitoreo del uso ilegal del espectro radioeléctrico con presupuesto 2020


Presidente del IFT pide a diputados recursos por mil 730 mdp

Fortalecerá el IFT el monitoreo del uso ilegal del espectro radioeléctrico con presupuesto 2020

  • – Presidente del IFT pide a diputados recursos por mil 730 mdp
  • – Justifica percibir sueldo por arriba del presidencial

El consejero presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), Gabriel Oswaldo Contreras Saldívar, solicitó un presupuesto por mil 730 millones de pesos, para 2020, que implica una reducción de 50 millones respecto del año anterior.

Durante la mesa de diálogo con organismos autónomos sobre el presupuesto, señaló que el recurso solicitado es el necesario para cumplir con sus funciones constitucionales y legales. El gasto corriente no se incrementa, cumple con lo dispuesto por la ley, y el de inversión aumenta en 27 millones de pesos en equipo de monitoreo y medición, aseguró.

Ante integrantes de las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Radio y Televisión, que presiden los diputados Alfonso Ramírez Cuéllar (Morena), e Isabel Margarita Guerra Villarreal (PAN), respectivamente, señaló que los gastos de comisiones, difusión y actividades se destinan a labores sustantivas.

Básicamente el 80 por ciento está canalizado a lo que hacen “nuestros trabajadores en compañía de la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública, y la Fiscalía General de la República en el monitoreo del uso ilegal del espectro radioeléctrico”, subrayó.

El funcionario advirtió que hay un grave problema debido al uso ilegal de este espectro por el crimen organizado y estaciones de radio ilegales. Ante ello, el equipo de trabajo del IFT trabaja las 24 horas de los siete días de la semana. Participa en operativos con las secretarías de Marina, de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional para apoyar en radio-monitoreo.

Detalló que el aprovechamiento ilegal “interfiere, incluso, en servicios públicos y en la navegación aérea. Ése es el problema, a eso se refiere la partida de comunicaciones y viajes”.

Sobre el presupuesto que propone, dijo que incluye proyectos cancelados el año pasado que se consideran de importancia, especialmente la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH), que permite obtener datos para la toma de decisiones de política pública, no sólo por autoridades federales, también en el ámbito estatal y municipal.

Respecto de los salarios, detalló que mil 335 plazas del instituto son de directores de área hacia abajo; es decir, las personas que realizan las funciones sustantivas. “No existen sueldos monumentales y toda la información es pública”.

Agregó que el sueldo propuesto para el comisionado presidente del IFT, para 2020 es de 141 mil 539 pesos, 26 por ciento más que el salario nominal que el sueldo del Presidente de la República. “El artículo 127 fracción III establece que se puede ganar más que el superior jerárquico, pero sin exceder el 50 por ciento del salario del Ejecutivo”.

Expresó que el instituto le cuesta al Estado una décima parte de lo que le genera en materia recaudatoria, sin considerar el impacto que tiene directa e indirectamente en la población el ejercicio de la función regulatoria.

“Por las licitaciones, las multas y las funciones sustantivas que desarrolla, ha recaudado al gobierno 106 mil millones de pesos desde su creación. No es su función principal la recaudatoria, pero se ha recaudado a lo largo del tiempo cada vez más para el gobierno, por el ejercicio efectivo de nuestras funciones. En este año van cerca de 25 mil millones de pesos, cuando se nos asignaron mil quinientos millones de pesos”.

Este es un sector creciente que cada vez tiene más participación en el Producto Interno Bruto, se contabiliza como participación directa a marzo de este año 2.5 puntos porcentuales.

Refirió que desde la creación de este instituto los precios de las telecomunicaciones han descendido 26 por ciento. En telefonía móvil, la reducción fue de 43 por ciento; el precio de gigabyte por segundo cayó 70 por ciento; esta disminución de precios en el sector ha anclado a la baja el índice de precios a los consumidores.

Añadió que las funciones del IFT y la forma en que las ejerce impactan directamente en el bolsillo y calidad de vida de los usuarios. “La eliminación de la larga distancia nacional y la política de interconexión entre operadores de red, generaron, en dos años, de 2015 a 2017, ahorros a los mexicanos por 133 mil 720 millones de pesos”.

Se presenta un proyecto no inercial, un ejercicio de conciencia de hacer las reducciones necesarias para contribuir al gasto público que requiere el gobierno federal. “No hemos subido el presupuesto desde que nacimos, por el contrario, en términos reales ha sido reducido; el que solicitamos el año pasado implicó una disminución respecto a los anteriores”.

Explicó que de los mil 700 millones de pesos solicitados para 2019, se asignaron mil 500 millones, lo que implicó una reducción en términos reales de cerca de 40 por ciento, comparado con el que se otorgó en el primer año de la institución.

La diputada Isabel Margarita Guerra Villarreal (PAN), presidenta de la Comisión de Radio y Televisión, apuntó que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) ha regulado a los agentes económicos preponderantes y a los sectores de comunicaciones y radiodifusión a través de procesos públicos y transparentes, para reducir las barreras a la competencia, generar certidumbre y facilitar la innovación de inversión en beneficio de los usuarios y audiencias.

Asimismo, ha conducido procesos de licitación del espectro radioeléctrico y trabajado en su reordenamiento y mejor aprovechamiento.

La legisladora reconoció la importancia del diálogo convocado por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, presidida por el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, con los órganos autónomos, que permite saber los retos y relevancia de este organismo en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el próximo año.

“Queremos escuchar todas las voces para saber dónde estamos y hacia dónde vamos en materia de telecomunicaciones”, subrayó.

El legislador Irineo Molina Espinoza (Morena) dijo que el país requiere de una regulación eficiente que promueva la competencia, y mejore la calidad y cobertura. Mencionó que en la partida presupuestal para la operación de programas, presenta incremento, y preguntó su opinión sobre las radios comunitarias y qué se debe hacer para establecer la base legal.

Erasmo González Robledo, diputado de Morena, afirmó que con el objetivo de analizar mejor el presupuesto es importante saber la razón de solicitar un incremento real en sus prestaciones laborales por 43.9 por ciento y la justificación de los sueldos elevados.

La diputada Erika Mariana Rosas Uribe (Morena) mencionó que el instituto requiere un presupuesto de mil 730 millones de pesos, lo que representa un incremento de 230 millones respecto al presupuesto que la Cámara de Diputados le asignó, lo que deja ver que no le interesa sumarse a los esfuerzos de austeridad republicana. Por sus decisiones de continuar con privilegios personales y derrochar recursos, “el IFT no merece un incremento; incluso, merece menos de lo que obtuvo para este año”.

La diputada María de los Ángeles Huerta del Río (Morena) dijo no estar de acuerdo en incrementar el presupuesto para el IFT, porque no se justifica el alza de alrededor de 200 millones de pesos, ni tampoco destinar 50 millones de pesos al año en publicidad. También estimó que los 2 mil 648 empleados con los que cuenta el instituto es una cantidad exagerada, por lo que habría que hacer una revisión puntual del tema, se paga por consultorías externas.

También de Morena, la diputada Simey Olvera Bautista preguntó cuáles son los salarios, máximo y mínimo, y quién los obtiene. También inquirió la opinión del comisionado sobre la estipulación de que nadie debe ganar más que el Presidente de la República.

De la misma bancada, el diputado Ignacio Benjamín Campos Equihua afirmó que se debe valorar la profesionalización y el tiempo que invirtieron los empleados del IFT en especializarse. Propuso buscar mecanismos a fin de ser más eficientes y eficaces en el uso y transparencia del presupuesto. ¿Cómo ha influido el IFT en el otorgamiento de las concesiones radiofónicas comunitarias, porque muchos pueblos indígenas buscan una estación de radio, sin lograrlo?, advirtió.

Al dar respuesta, Contreras Saldívar propuso a los diputados revisar el marco legal en comunicaciones con el propósito de superar la restricción de disponibilidad espectral existente. Se piensa que con un equipo se puede radiar, pero no es así, porque eso podría poner en peligro servicios públicos como la comunicación de emisiones críticas, incluso de navegación. “El principal obstáculo es que exista espectro, la tramitología con los pueblos autóctonos no existe, porque se trabaja con ellos directamente para que presenten su propuesta”, aseguró.

Refirió que se ha hecho un esfuerzo decidido para abatir el rezago histórico en el otorgamiento de concesiones indígenas y comunitarias. Se han dado 291 concesiones no comerciales: ocho indígenas, 63 comunitarias y 143 sociales. El reto que se ha enfrentado es la dificultad de acreditar los requisitos previstos en la ley.

Consideró que el Congreso puede adoptar medidas legales con el fin de agilizar el acceso. Mencionó que trabajan con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en asesorar sobre cómo obtener una concesión donde hay disponibilidad.

Sobre la ENDUTIH, dijo que es muy importante para la toma de decisiones y es una herramienta que aporta información valiosa a todos; ejemplo de ello, es que hoy sabemos que cerca del cinco por ciento de la población vive en 36 mil localidades con muy baja densidad poblacional, con alta y muy alta marginación y se ubica esencialmente en el sureste mexicano.

“Hoy las telecomunicaciones nos sirven para todo, bueno, sólo algunos, los que no están conectados no; por ello, es importante identificarlos y orientar programas hacia allá, ese es el valor que tiene la ENDUTIH”, señaló.

Contreras Saldívar explicó que el incremento en las prestaciones salariales obedece a que la ley obliga a tener un sistema profesional de carrera y que prevé condiciones generales de trabajo. “A esto obedece el aumento, en la monetización de estas prestaciones que con base en la sentencia que emitió la Suprema Corte debemos mantener para todo el personal”.

Detalló que la Constitución, en el artículo 127 fracción II, establece que es posible ganar más que el superior jerárquico sin exceder el 50 por ciento del salario del Presidente de la República cuando se esté, así previsto, por trabajo de alta especialización técnica.

El funcionario reiteró que el IFT nació austero. Concentró funciones que tenían las secretarías de Gobernación, de Comunicaciones y Transportes, la Comisión Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Competencia Económica y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, aseguró. No existe una agencia en el mundo que tenga este cúmulo de atribuciones.

El instituto tiene una reducción real de cerca de 40 por ciento. “El año pasado, por esta convicción de austeridad, se hizo un esfuerzo adicional y se presentó un presupuesto de mil 780 millones, subrayó, 200 millones de pesos menos que el año anterior. No existe, de forma alguna, derroches ni privilegios”.

Puntualizó que hay un desconocimiento sobre todo lo que implica un sector tan complejo. “Regular espectro radio-eléctrico, asignarlo, armonizarlo, coordinarlo, transparentar licitaciones, cuestiones de concesionarios indígenas y sociales, regular redes, interoperabilidad, interconexión, protocolos de señalización, de IP, nuevas tecnologías, regular la prestación de servicios, derechos de usuarios, audiencias y accesibilidad, requiere una muy alta especialización técnica”.

“Estoy convencido de que muchos servidores públicos del Instituto merecen un sueldo mucho mayor del que hoy tienen. Nuestra gente no está ahí por un sueldo, está por un compromiso, porque oferta laboral hay y mucha”, subrayó.

El titular del IFT dijo que los gastos en publicidad obedecen a los derechos de los ciudadanos. En cuanto al número de empleados, señaló que por medio de información pública se puede corroborar que hay mil 428.

Explicó que el IFT se apega a lo que marca la ley y subrayó que se han fusionado funciones de la Segob, SHCP, Cofece, Cofetel y Comunicaciones y Transportes.

Mencionó que las consultorías externas se realizan a través de licitaciones públicas, cuya información puede consultarse en Internet. “El IFT tiene un cúmulo de funciones muy específicas y coyunturales; sin embargo, estamos de acuerdo en que se revise a qué se destina cada peso público”.

Lenguas indígenas en la Tribuna

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